Resultan incomprensibles los argumentos de cada vez más gente reclamando por el derecho de Alberto Fujimori a un indulto humanitario por encontrarse enfermo, con riesgo de morir por las condiciones en las que se encuentra en la prisión. Al cáncer que lo afecta hace algunos años, tratado y controlado hasta ahora, se le agrega su fuerte depresión, la cual se dice agravaría su condición y el riesgo a un desenlace fatal.
Que yo recuerde, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión sin beneficios penitenciarios -la pena más grave entre otras condenas que recibió en varios juicios- por crímenes contra la humanidad, contra los derechos humanos, homicidio calificado y demás delitos asociados por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Esto es un hecho probado. Fue condenado luego de encontrársele culpable de la muerte, en algunos casos luego de secuestro, de muchas personas inocentes. Personas que fueron torturadas y masacradas ante, en el mejor de los casos, pasividad y complacencia del gobernante. Producto de estos crímenes, hoy Fujimori está privado de su libertad aunque con una serie de gollerías, entre ellas visitas indiscriminadas (en los últimos cuatro meses recibió 290 visitas en la Diroes) y acceso a ciertas comodidades que cualquier preso no tendría, condiciones también injustas que trataremos de justificar en que no se trata de un delincuente cualquiera sino de uno que por diez años -independientemente si de forma democrática o no-ocupó la presidencia de la República del Perú y condujo los destinos de nuestro país. La prisión de Fujimori, Montesinos, Martín Rivas y el resto del grupo Colina, ha representado durante todo este tiempo, para gran parte de los peruanos y, mucho más aún para los familiares de los personas ejecutadas por sus huestes asesinas, la paz y tranquilidad de saber que en el Perú no campea la impunidad y que podemos aspirar a que los responsables de tantas atrocidades paguen sus culpas.
En este escenario, no puedo más que sentir incredulidad cuando escucho decir a políticos, empresarios, periodistas y ciertas autoridades, que es inhumano que el japonés siga en prisión porque tiene 74 años, está débil, pinta cuadros tristes, clama por ayuda desesperadamente o concretamente porque tiene una dolencia que puede llevarlo en algún momento a la muerte. Creo que no es válido el argumento que algunos han usado respecto a que porque muchos enfermos estén en prisión sin tener que estarlo, por su dramática condición, Fujimori también tendría que correr la misma suerte. Eso no me parece correcto. No podemos hacer justicia igualando hacia abajo... "si muchos están jodidos, entonces que se jodan todos"... Pues no. Pero en este caso el tema va por otro lado. Todos estos enfermos que debieran o pudieran ser indultados no están presos por crímenes de lesa humanidad, ni fueron mandatarios de una nación, ni se sostuvieron gracias a una mafia que asesinó, se enriqueció y corrompió a casi toda la clase política, a los medios, a las fuerzas armadas, a los jueces... estas personas no personificaron un gobierno que destruyó la institucionalidad de este país.
No se trata del odio a un hombre disminuido como se pretende hacer ver a todos quienes nos oponemos a ese indulto mentiroso. Como tampoco tiene lugar la compasión en este caso. Fujimori es un ejemplo en el mundo para los mandatarios y poderosos que abusaron de ese poder para enriquecerse y perennizarse en él, no solo beneficiándose económicamente sino utilizando métodos viles y sanguinarios. Y no hablamos de la guerra o del combate contra el terrorismo, que fue un excelente pretexto para actuar con tamaña crueldad. Hablamos del exterminio de muchos inocentes con los mismos métodos repudiables con que actuaron otros dictadores como Pinochet, Videla o Leonidas Trujillo (no quiero ni imaginar las barbaridades que se perpetraron en los sótanos del Pentagonito). De lo que hoy se trata es de la verdadera justicia. Aquella justicia por la que luchamos en un sistema democrático y que nos respete como individuos libres y seres humanos. Aquella que supone que los delincuentes paguen sus crímenes y nos debe recordar cada día que en este país no queremos impunidad y que, aunque sea muy difícil, nos tiene que servir de ejemplo para que todos los peruanos podamos vivir en armonía, con paz y en libertad.
Ollanta Humala tiene la decisión final. Difícil decisión, no sólo por el carácter político de la medida sino por el conflicto ético que conlleva. Tendrá que elegir entre esta justicia de la que hoy hablamos y la atribución que la ley le faculta para indultar al condenado. Aunque todos sabemos que la ley y la justicia no siempre transitan por el mismo camino...
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